COMUNIDAD VALENCIANA

Un Puig en modo electoral anuncia que el lunes aprobará la reforma fiscal que avanzó hace 3 semanas

Ximo Puig subvenciones
Ximo Puig, presidente del Gobierno valenciano en funciones, en una comparecencia en las Cortes de la autonomía.
Ignacio Martínez

El presidente de la Generalitat Valenciana el socialista Ximo Puig ha entrado en modo electoral. Hoy, ha anunciado en el Pleno de control de las Cortes Valencianas que su Gobierno aprobará el próximo lunes la reforma fiscal. Esa reforma tendrá carácter retroactivo desde el pasado 1 de enero de este año, porque se aprobará por decreto y por tanto, fuera de los Presupuestos autonómicos para 2023. El anuncio se ha producido a pesar de que el acuerdo no está aún cerrado con sus socios de Gobierno (Compromís y Podemos).

De facto, la medida supone un paso más en ese cambio de ritmo para evitar el castigo electoral que todas las encuestas auguran al presidente del Gobierno de España el también socialista Pedro Sánchez, tal como ha adelantado este diario y del que Puig, al que tampoco favorecen los sondeos, pretende evitar antes de que las cosas empeoren aún más.

Una prueba de que el acuerdo de la reforma fiscal no está cerrado es que Puig no ha pormenorizado cómo será exactamente, cuáles serán sus tarifas y si las medidas replicarán el textual que hace 23 días adelantó él mismo en las Cortes Valencianas. Y ello, a pesar de que ha sido preguntado expresamente por estas cuestiones. Su consejero de Hacienda Arcadi España, al que el diputado popular Rubén Ibáñez ha llamado el hereu -el heredero- porque Puig quiere ubicarlo en listas para que le suceda en 2 años si el ahora presidente valenciano es reelegido, tampoco ha aclarado nada al respecto.

Pero no ha sido éste el único asunto que ha dejado en el aire. Tampoco, ha explicado Ximo Puig su postura ante los Presupuestos Generales del Estado para el próximo año 2023 elaborados por el Gobierno de Pedro Sánchez y que han indignado a las organizaciones empresariales y a la sociedad civil, fundamentalmente, en la provincia de Alicante, porque prevén una escasísima inversión de 84,5 euros por habitante frente a los 198 de media estatal.

Puig, como hizo en el debate de Política General, ha anunciado la inminente aprobación de la reforma fiscal en los primeros minutos de su exposición y en el primer turno de palabra de que ha dispuesto. En concreto, en respuesta a una pregunta de la síndica popular María José Catalá. Una reforma valorada en 150 millones de euros, que supondrá unos 9 euros al mes por familia.

Tono electoral

El resto de su alocución inicial ha mantenido también un tono ya claramente electoralista, con alusiones constantes a los gobiernos del Partido Popular, pero sin ninguna autocrítica a su propia gestión y sin ninguna crítica, tampoco, hacia los mencionados presupuestos de Pedro Sánchez. Un formato, en suma, que ahonda en ese adelanto electoral.

Tampoco, ha respondido a las preguntas directas de la oposición, como la de si está dispuesto a llevar a los tribunales los Presupuestos de Sánchez o si participará en la movilización que empresarios, sociedad civil y Partido Popular llevarán a cabo el próximo día 27 ante la Subdelegación de Gobierno en Alicante

También, se ha ido por las ramas cuando María José Catalá le ha lanzado una indirecta en torno, precisamente, al adelanto electoral en la Comunidad Valenciana. La síndica popular se ha referido a la puesta en marcha, ayer, a través de un anuncio el Diario General de la Generalitat Valenciana (DOGV), de la maquinaria electoral en lo referente, entre otras materias, a sobres y papeletas para votar a los diputados de las Cortes Valencianas. Precisamente, los que, una vez elegidos, votan y deciden quién será presidente de la Generalitat. Una circunstancia que ha alimentado también más ese inminente adelanto electoral en suelo valenciano.

«Como tiene usted toda maquinaria preparada, no lo haga más largo: convoque elecciones», le ha espetado a Puig María José Catalá al término de su intervención, a lo que Puig ha respondido: «Donde tienen que convocar elecciones es en Gran Bretaña. Ahí, sí que hay un problema».

 

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